El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, entregó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencias que demuestran que somos los únicos con título sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, así lo indicó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez desde Holanda, en La Haya, este lunes.
Expresó que “El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado. ¡Venceremos!”.
La vicepresidenta además destacó que en cumplimiento al mandato del pueblo expresado en el referendo del 3 de diciembre la República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica, frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequib
“La verdad de Venezuela prevalecerá frente al despojo territorial cometido a través de un laudo fraudulento y criminal. Venezuela toda, en unión nacional, recuperará la Guayana Esequiba mediante el Acuerdo de Ginebra. ¡Llegó la hora de la verdad!”, puntualizó.
La República Bolivariana de Venezuela informa la presentación, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del documento contentivo de la verdad sólida y la posición oficial, en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba.
La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto.
En marzo de 2018 la República Bolivariana de Venezuela fue informada de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de la controversia sobre la Guayana Esequiba: la República Cooperativa de Guyana se había atrevido a irrumpir violentamente contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular.
Venezuela, sin demora, se opuso a esa peligrosa jugada antijurídica de Guyana, impulsada por la Exxon Mobil desde el año 2015 y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que solo tiene como propósito desconocer y burlar las obligaciones claramente establecidas para las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robarlas inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela.
El 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes, conforme al derecho internacional.
En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra, así como durante las labores de la Comisión Mixta, la vigencia del Protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios, nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política, pacífica y diplomática.
Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899, ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos, dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia.
Algunas actuaciones de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Guayana Esequiba han alimentado esta desconfianza, especialmente tomando en cuenta los intereses energéticos que están detrás de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana.
La más grave de ellas ha sido aceptar y dar trámite a la demanda de Guyana sin que Venezuela haya dado nunca su consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Ninguna disposición del Acuerdo de Ginebra permite justificar dicha actuación. Además, Venezuela es uno de los 119 Estados que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte.
Llama poderosamente la atención que, desde el año 2015, Guyana, la Exxon Mobil y sus socios dan como un hecho cumplido una decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de su demanda unilateral.
Las confesiones realizadas por el Sr. Raphael G Trotman, Ministro de Gobernación y de Recursos Naturales de Guyana durante el período 2015-2020, en su libro titulado “Del Destino a la Prosperidad”, hacen incontrovertible el auspicio y financiamiento de la Exxon Mobil de la acción unilateral de Guyana ante la CIJ para validar el espurio laudo de 1899.
También son innegables las presiones ejercidas por Guyana, con el apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América, sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a la Corte Internacional de Justicia, abandonando la obligación y la práctica de más de 60 años para la consecución de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que es el objeto verdadero del Acuerdo de Ginebra. Nunca estuvo pensado cuando se firmó dicho acuerdo volver a examinar el laudo fraudulento de 1899. Fue un asunto superado.
Otro elemento que desacredita a esta instancia, ha sido la actuación complaciente de la Corte Internacional de Justicia frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese al fuego inmediato y beneficiando a los poderes coloniales. Trágicamente, son los mismos hegemones que hoy instrumentalizan a la Corte para apropiarse de los vastos recursos energéticos de nuestro territorio y desestabilizar América Latina y el Caribe.
La República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica, frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del jefe de Estado.
Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes, al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra, único instrumento obligante y válido entre las partes para resolver esta controversia.
Guyana, bajo un falso victimismo, se hace acompañar de su jefe colonial, el Reino Unido, y la maquinaria de guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad, los Estados Unidos de América. Hoy Guyana, el Comando Sur y la CIA, junto a sus socios del norte global, preparan una agresión contra Venezuela, constituyendo una verdadera amenaza a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso pleno con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra.
Venezuela toda, en unión nacional, hará valer sus derechos históricos impostergables como valientes hijos e hijas de nuestro Libertador Simón Bolívar. Es la hora de la verdad.
